El proyecto tiene una hoja de ruta clara para generar un cambio sistémico en la provincia. Con un horizonte de ejecución de 12 meses, la meta es impactar directamente en la vida de al menos 400 personas, recorriendo entre 15 y 20 municipios sevillanos donde la vulnerabilidad es más acentuada.
La población destinataria de esta justicia de proximidad incluye perfiles que enfrentan múltiples barreras de exclusión:
- Personas migrantes en situación irregular o en pleno proceso de regularización.
- Mujeres en riesgo de exclusión social que necesitan asesoramiento seguro y confidencial.
- Familias con escasos recursos económicos que no pueden permitirse asesoría privada.
- Personas con movilidad reducida o que carecen de acceso a transporte público eficiente.